EL MUNDO. El Ararteko sugiere en un duro y extenso informe a la Diputación de Bizkaia que reconsidere la norma foral que determina el Impuesto de Bienes Inmuebles que cobran todos los ayuntamientos de este Territorio, porque la eliminación de la bonificación que durante los últimos 13 años se aplicaba a las familias numerosas va en contra de las políticas de apoyo a estas personas y porque rompe el criterio de homogenización de los beneficios fiscales que deben disfrutar. La resolución del Defensor del Pueblo Vasco respalda la queja que le había trasladado la Federación de Asociacionesde Familias Numerosas de Euskadi (Hirukide) que denunció la supresión a partir del 1 de enero de 2017 de las bonificaciones, que en Bizkaia se permitían aplicar a los ayuntamientos en función de criterios que cada consistorio establecía y que todas y cada una de las familias beneficiadas debían acreditar. La directora de Hirukide Natalia Diez-Caballero exigió, tras conocer el contenido el informe del Ararteko, la «inmediata rectificación y la recuperación de estas bonificaciones».
El Ararteko desmonta en su informe los argumentos utilizados por la departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación de Bizkaia que defiende la eliminación de estas bonificaciones en el pago del IBI, al entender que se trata de una «bonificación subjetiva» e introduciendo en su respuesta una prolija explicación sobre la capacidad de la Diputación para proponer proyectos de norma foral y de las Juntas para aprobarlas. Además, la respuesta incorporada al informe del Ararteko se explaya en referencias a bonificaciones que los ayuntamientos pueden aplicar en el pago del IBI sobre cuestiones como los aparcamientos para residentes, los inmuebles con sistemas solares o la cesión de viviendas vacías completamente ajenos a la reclamación de Hirukide.
Consideraciones completamente ajenas a la situación de las 10. 840 familias numerosas del territorio, que si se mantiene la norma foral en vigor tendrán que pagar en 2017 íntegramente el IBI que se determine por sus viviendas.
El Ararteko no deja lugar a dudas en su informe sobre el criterio que debe aplicarse tras la queja de Hirukide. Porque en sus «sugerencias» no sólo reclama ese «proceso de reflexión» -perífrasis administrativa con la que reclama que se cambie la norma-, sino que recomienda a la Diputación de Bizkaia que antes de adoptar cualquier medida fiscal «estudie el impacto» que puede provocar en las familias numerosas. Además, el informe del Defensor del Pueblo Vasco recuerda a la Hacienda vizcaína que tiene que «promover el avance de la homogenización de los beneficios fiscales a favor de las familias vascas» de tal manera que todas ellas cuenten un «sistema equiparable de protección».
Un aspecto en el que el Ararteko se explaya en sus consideraciones al constatar que la «autonomía y legítima capacidad» de la Hacienda foral vizcaína para establecer las normas fiscales, pero advierte de que «no resulta deseable y deviene muy difícil de comprender y de aceptar para las familias de Bizkaia» que se encuentren en una «situación más comprometida» que la de las familias de Álava y de Gipuzkoa.
Por otra parte, el informe del Defensor del Pueblo Vasco constata que los niveles de protección y apoyo de las familias numerosas en Euskadi distan mucho de las que existen en otros países centroeuropeos, y recuerda que, tanto la Constitución española como la Ley vasca de Apoyo a las Familias, instan a las administraciones públicas a «remover los obstáculos y adoptar medidas de actuación positivas encamininadas a favorecer a las familias que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad».
Y este argumento al que ayer se refirió de forma expresa la directora de Hirukide Natalia Diez-Caballero, para aplaudir el informe del Ararteko y para reclamar que la Diputación de Bizkaia modifique la norma y permita a los 77 ayuntamientos vizcaínos que hasta ahora aplicaban bonificaciones mantener el mismo criterio también en el próximo ejercicio fiscal.
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