La disolución de las Cortes y el adelanto electoral al 23 de julio anunciado por el Presidente Sánchez, paraliza todas las tramitaciones parlamentarias, entre las que estaba el proyecto de Ley de Familias impulsada por el Gobierno, que queda cancelado.
Hasta la fecha, la iniciativa no contaba con los apoyos necesarios para completar su recorrido en las Cortes, habiendo sufrido cinco retrasos en la tramitación parlamentaria. El texto se había topado con el rechazo de ERC, PNV, EH Bildu y PDeCAT que consideraban que éste invadía competencias autonómicas, además de contar con la oposición de PP y Vox.
Con la convocatoria de elecciones y la disolución del Parlamento, el proyecto de Ley queda paralizado hasta que se forme un nuevo Gobierno y Parlamento, donde comenzaría de nuevo su tramitación o quedaría aparcado definitivamente.
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