EL DIARIO VASCO.
Los avances en conciliación se han ceñido al sector público y el principal logro ha sido mantener las ayudas en plena crisis. Las asociaciones piden que la estrategia en la que trabaja el Gobierno Vasco se acompañe de financiación. «Si no, será papel mojado»
SAN SEBASTIÁN. En los últimos veinte años, las políticas sociales en Euskadi han avanzado mucho; la inversión en familia e infancia, no tanto. La imagen que se ve en el espejo de Europa sigue dejando a la comunidad autónoma a la cola de los países que sí han apostado por una verdadera estrategia a largo plazo para fomentar la natalidad. La receta combina ayudas económicas para todos los hogares, con prestaciones prolongadas hasta la mayoría de edad de los hijos, y una cultura de la conciliación real, no solo en la administración pública. Un paraíso para ser padres. En Euskadi, en cambio, las ayudas por nacimiento de hijo, aunque son universales, tienen un carácter puntual. Las subvenciones para aquellos trabajadores que optan por reducirse la jornada o piden una excedencia tampoco resuelven la papeleta y apenas cubren un 15% del salario medio de las mujeres (son la mayoría que se acogen a medidas de conciliación).
Las distancias siguen siendo abismales. El gasto público que hacen las diferentes instituciones en Euskadi (Gobierno Vasco, Gobierno central, y diputaciones) ha pasado del 0,22% del PIB en 1995 al 0,71% en 2015, según se recoge en el informe de evaluación del último plan de familia en la CAV (2011-2015) que el Gobierno Vasco va a reformular con el compromiso de una estrategia más ambiciosa. Alcanzar la media de la UE supondría multiplicar por tres el presupuesto anual (488 millones) hasta los 1.600 millones, un reto «imposible en las actuales circunstancias económicas», plasma el informe. De hecho, los expertos señalan que el principal logro de los últimos años ha sido mantener el sistema en plena crisis, por mejorable que sea. Además, hay que tener en cuenta que la responsabilidad sobre la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad, de vital importancia para un cambio de mayor alcance, recae en la Administración central.
La deuda que se arrastra no será por lo tanto fácil de saldar, pero algo parece empezar a cambiar. La preocupación por la caída de la natalidad en una sociedad que envejece ha redoblado el interés por las políticas de familia como inversión de futuro, y no como un gasto, una filosofía que se quiere inocular a la estrategia en la que está trabajando el Gobierno Vasco. «Es necesario recalibrar el modelo de protección social y avanzar en la línea del paradigma de la inversión social. Cuanto más inhóspito sea un país para la infancia y la juventud, más insostenible será la atención a las personas mayores», reflexiona Joseba Zalakain, director del Centro de Documentación y Estudios SIIS, la referencia en políticas sociales en Euskadi.
Prioridad, la pobreza
«La inversión en familia es la más rentable», no se cansa de repetir como un mantra Eva Silván, responsable en Euskadi de la ONG Save The Children. Celebra que las políticas de infancia se coloquen en primera línea pero pide que se pase de las palabras a los hechos. «En los últimos años ha habido una carencia de planificación, más allá de acciones puntuales. Ahora bien, una estrategia sin presupuesto es papel mojado», lanza como advertencia.
En la asociación son conscientes del desafío que supone atender a familias con realidades que se han complicado. Desde el inicio de la crisis, el riesgo de pobreza se ha desplazado hacia los hogares con hijos. En 2004, el 22% de las personas en situación de pobreza severa eran menores de edad. El año pasado, ya suponían un tercio del total. La prioridad ha sido asegurar el gasto en la Renta de Garantía de Ingresos, la principal herramienta contra la pobreza en Euskadi pero que no ha sido tan eficaz para proteger a las familias con hijos. La reforma diseñada por el Ejecutivo reforzará la prestación en función del número de hijos. «La medida más urgente es corregir ese aspecto de la RGI», remarca Silván que pide al Gobierno que el complemento por hijo no se reduzca a medida que crece el número de menores del hogar, como se ha propuesto.
Las familias con una situación económica favorable, o al menos no en situación de pobreza, no se sienten más acompañadas. Las dificultades manifestadas para conciliar trabajo y familia han aumentado en los últimos años. El 40% de las personas que han tenido hijos y trabajan están poco o nada satisfechas con las posibilidades personales para conciliar, y el 70% de los vascos consideran insuficientes o limitadas las ayudas por hijo (entre 400 y 900 euros al año, según el nivel de renta y hasta un máximo de seis años en caso de tener tres o más vástagos).
La reorientación de las políticas de familia debería tender hacia unas ayudas universales y más prolongadas en el tiempo para todos los tipos de familia, no solo a las que están en riesgo de pobreza, reclama Natalia DíezCaballero, directora de la asociación de familias numerosas Hirukide. «Por supuesto, hay que apoyar a las familias sin recursos, pero también al resto. Al final, las rentas medias son las que siempre salen perdiendo», critica en alusión al cambio de normativa aprobado en 2015 por el cual las ayudas por hijo se pasaron a pagar en función de la renta del hogar. Los familias con menos ingresos salieron ganando (el 65% de los solicitantes). El mayor recorte lo sufrieron los hogares de rentas de más de 30.000 euros con más de tres hijos, que pasaron de recibir en su totalidad 6.300 euros a unos 2.800. El Ejecutivo se ha comprometido a aumentar las ayudas hasta un 50% de aquí a 2020.
La vía de la fiscalidad
Un mayor apoyo económico es necesario, pero no suficiente. «Hace falta un cambio cultural», remarca. La llave está en la conciliación, «también en el ámbito privado, con el compromiso de empresas y sindicatos», lo que implica la responsabilidad de encontrar nuevas formas de trabajo, con horarios más flexibles. El informe sobre el plan vasco de familia constata que en la Administración pública «se ha adelantado algo» en esta materia, pero en la empresa privada sigue siendo la asignatura pendiente. Las familias en las que los dos progenitores trabajan conocen las dificultades de compaginar el empleo con la crianza de los hijos. Se recurre a abuelos o a jornadas escolares cada vez más largas con actividades extraescolares para poder cubrir toda la jornada.
El melón que también falta por abrir es el de la fiscalidad. Las diputaciones tienen en su mano la posibilidad de articular medidas fiscales que den oxígeno a las familias con hijos. En Gipuzkoa, hoy en día, el importe de las deducciones varía entre los 585 euros por el primer hijo y los 1.888 por el quinto y sucesivos, además de exenciones en el IRPF para familias numerosas. La fórmula de un impuesto negativo, que se aplica con éxito en países del entorno para que se beneficien todos los hogares, también está sobre la mesa. «El escenario resulta interesante. Euskadi está en una posición idónea para innovar», confía Silván que pide a las instituciones la misma valentía que tuvieron hace treinta años en Euskadi para liderar la lucha contra la pobreza, un sistema que sí mira cara a cara a los países más avanzados de Europa
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