EL DIARIO VASCO. Las ayudas a la conciliación, aquellas que concede el Gobierno Vasco a las familias que se acogen a una reducción de jornada o excedencia para el cuidado de los hijos menores de 12 años o de familiares dependientes, recuperaron el año pasado el nivel de presupuesto previo a la crisis pero no lograron acaparar la misma demanda. En 2016, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales abonó pagos a 31.000 solicitudes, lo que supuso un gasto de cerca de 32 millones de euros, sin llegar a agotar el presupuesto (32,5 millones en total). El 65% de ellas se correspondieron a familias con ingresos por debajo de 20.000 euros de renta estandarizada (equivalentes a unos 42.000 euros anuales en el caso de un matrimonio con dos hijos). La partida también incluye una línea de financiación para contratar a un cuidador para los hijos, con apenas 400 solicitudes al año. En este caso, la relación de fuerzas se invierte y el mayor peso de la demanda recae en las rentas medias (78%) y altas (16%). Las bajas solo representan el 4,8%.
El criterio del nivel de renta se introdujo en 2015 en una reforma que también se aplicó a las ayudas por nacimiento de hijo, la prestación principal que se concede a las familias en Euskadi. Las ayudas a la conciliación, en cambio, están sujetas a presupuesto. De forma resumida, el Gobierno Vasco optó por mantener las cuantías a las rentas más bajas y redujo el montante de las prestaciones a los hogares de ingresos medios y altos -el 35% de las solicitudes-. En el caso de las ayudas por un año completo de excedencia, por ejemplo, estos hogares han pasado a recibir 520 euros menos, de los 3.255 euros a los 2.735, un recorte del 16%.
El balance de 2016 en lo que respecta a las ayudas por conciliación llama la atención por el incremento en el número de expedientes, pero ese abultado resultado tiene una explicación. En realidad, la demanda real sigue a la baja, un descenso que empezó en 2010 y sigue sin freno en un contexto de baja natalidad, atribuyen desde el Departamento.
A la hora de hacer los cálculos, hay que tener en cuenta que el año pasado se pagaron 13.000 expedientes que quedaron pendientes de 2015 -la Administración tiene seis meses de plazo legal para abonar las ayudas-.
Descontadas estas, las solicitudes efectuadas estrictamente a lo largo del año pasado se quedaron en 18.000, a las que hay que sumar otras 5.900 del último trimestre que se pagarán dentro de plazo, pero ya a cargo del presupuesto de 2017. En total, 23.900 ayudas solicitadas.
Los expedientes pagados en 2016, además, no se corresponden con beneficiarios, sino con el total de solicitudes aprobadas, muchas de ellas cuatrimestrales. La normativa permite presentarse a esta prestación cada cuatro meses, de forma que se fracciona el cobro, en lugar de recibir una sola cantidad una vez al año. El Departamento de Empleo y Políticas Sociales reconoce que el retraso acumulado en los pagos desde 2013, cuando se recortó el presupuesto para este capítulo casi a la mitad, repercutió en las peticiones. Muchos solicitantes prefirieron la modalidad fraccionada para así intentar asegurarse entrar en el cupo de ayudas que se pagaban sin demora, interpretan desde la consejería.
Tres años después, el departamento que dirige la jeltzale Beatriz Artolazabal da por desatascado aquel cuello de botella que se creó con miles de solicitudes a la espera de ser concedidas. Las 5.900 que quedan pendientes de 2016 se corresponden con las presentadas a partir de octubre, y hay seis meses de plazo para abonarlas. «Hoy toda la demanda se ve atendida en plazos», subrayan fuentes de la consejería.
Con el presupuesto ya en niveles precrisis, la otra sorpresa es que no se ha llegado a agotar el dinero. Desde la consejería atribuyen esta circunstancia al efecto que haya podido dejar la crisis en reducciones de jornada de menos horas, y por lo tanto ayudas de menor cantidad, pues se pagan en proporción a la jornada trabajada. También reconocen que la realidad de los salarios más bajos ha influido en que las cantidades que se estén pagando hayan podido descender. Pero no atribuyen el descenso al impacto que haya podido tener el cambio en el sistema de ayudas por nivel de renta.
¿Ayudas eficaces?
La baja demanda reafirma al departamento en su tesis de que la política de apoyo a las familias «no debe limitarse a las ayudas económicas», como sostuvo la consejera Artolazabal en su última intervención en el Parlamento Vasco, cuando fue interpelada por el PP. El departamento ha anunciado que promoverá en esta legislatura una estrategia de familia, una de las asignaturas pendientes en política social.
A la espera de saber cómo se articulará ese plan y qué medidas incluirá, la consejera anticipó el debate sobre la eficacia de las ayudas, «si es socialmente más conveniente invertir en todas las familias por igual o sobre las que tienen dificultades económicas; o si es más efectivo facilitar ayudas a la conciliación que las ayudas por nacimiento de hijo o hija». El modelo de gasto de prestaciones a las rentas bajas se sitúa a la misma altura que otros países europeos del entorno. «El reto consiste también en articular medidas que apoyen a las rentas medias», reconoció.
Sostiene Artolazabal que el problema se sitúa «en las tensiones entre trabajo y familia», por lo tanto las medidas tienen que ir encaminadas a «cómo asegurarse que las mujeres que quieren tener hijos no tengan que sacrificar su carrera profesional para tenerlos». Entre ellas, citó servicios de guardería, «un cuidado de calidad que no expulse a las madres de ingresos bajos del mercado laboral», bajas de maternidad que «no inhiban la vuelta al trabajo» y programas que fomenten la corresponsabilidad en los cuidados, a que el cuidado de los hijos no recaiga en exclusiva en las mujeres. Casi el 90% de las ayudas por conciliación las piden ellas.
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