La medida, recogida en el nuevo convenio del Gobierno vasco con el Poder Judicial, incluye a familias numerosas, monoparentales, en paro, mayores de 60 años o maltratadas.
Se trata de la primera autonomía que recoge en un convenio la obligación del juez de avisar a Servicios Sociales.
EL CORREO. El Gobierno vasco dio ayer su visto bueno al primer convenio autonómico de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial en España, y en este caso la Asociación de Municipios vascos Eudel, que incluye la obligatoriedad de los magistrados de alertar a los servicios sociales de base ante posibles casos de familias en riesgo de exclusión amenazadas por un desahucio para que realicen un análisis exhaustivo de su situación. Según desveló el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, los abogados de las personas afectadas también tendrán la facultad de solicitar este procedimiento especial. En ambos casos el resultado será el mismo: la tramitación de estos expedientes de desalojo por impago, ya sea de préstamos hipotecarios o del alquiler, se paralizará temporalmente, al menos un mes, para asegurar que nadie «en situación vulnerable se quede en la calle sin ningún amparo». Y si se confirma que hay un peligro real, se tratará de buscar alternativas de alojamiento, bien con ayudas económicas o pisos municipales o del propio Ejecutivo.
El responsable socialista remarcó que el documento, «que entrará en vigor en cuanto lo firmemos todas las partes», es muy exhaustivo y marca al detalle el protocolo a seguir. En ese sentido, empieza por concretar los supuestos que el propio Ejecutivo considera de «especial vulnerabilidad»: familias numerosas y monoparentales, con menores de edad y personas discapacitadas, dependientes o con enfermos permanentes. También se incluyen a deudores en situación de desempleo y núcleos convivenciales que tengan alguna víctima de la violencia de género o mayores de 60 años.
El siguiente paso es el que implica a los jueces para garantizar una intervención preventiva. En ese sentido el convenio –además de ser el primero en España que recoge la obligación ya incorporada el pasado junio a la Ley de Enjuiciamiento Civil de que los magistrados deben comunicar un caso vulnerabilidad a los servicios sociales del municipio donde resida la familia–, incluye otra novedad que busca agilizar el proceso: la viceconsejería de Vivienda elaborará un registro informático que permitirá a las instancias implicadas (judiciales, municipales y autonómicas) compartir en tiempo real toda la información a su alcance.
De este modo, al detectar un caso se abrirá un expediente que todas las partes podrán ir consultando y rellenando con su propia información. Esta colaboración permitirá realizar de forma coordinada propuestas de intervención «o declinarlas si se valora que no encaja en los supuestos previstos o ya ha sido respondida con los medios de que se dispone».
Arriola destacó que la implicación el Ejecutivo autónomo es «total» y aúna los esfuerzos de tres departamentos. El de Empleo y Políticas Sociales remitirá al Consejo General del Poder Judicial y a los juzgados vascos «toda la información sobre la estructura, organización y recursos de los servicios sociales». Trabajo y Justicia, por su parte, asumirá la formación y difusión del convenio y fomentará la participación de colegios de abogados y procuradores. Finalmente, Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, además de confeccionar la plataforma informática para compartir los expedientes de las familias afectadas, se compromete a ceder al menos 60 pisos para garantizar los realojos cuando sea necesario.
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