El Gobierno Vasco iguala el permiso al de las madres y pide avances a las empresas. Colectivos sociales aplauden la medida pero avisan de que puede generar «aún más desigualdad» en conciliación entre el sector público y privado
Euskadi «mira al norte», remarcó ayer el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, tras anunciar que el personal de la Administración pública tendrá las mismas semanas de permiso -un mínimo de 16, intransferibles y remuneradas al 100%- cuando sean padres o madres, una de las reivindicaciones históricas para avanzar en un modelo de crianza de los hijos corresponsable, donde los países nórdicos llevan décadas de ventaja.
Los funcionarios vascos serán los mejor tratados en esta materia de toda España. El País Vasco se convertirá así en la primera Comunidad Autónoma en equiparar los permisos de paternidad y maternidad entre el personal funcionario, el margen que le permite el marco competencial, porque para el resto de trabajadores la normativa la establece la Seguridad Social, dependiente del Gobierno central, que tiene la pelota sobre su tejado y ha sido interpelado en varias ocasiones por el Congreso de los Diputados para que avance por la misma senda.
En Euskadi, «el salto cualitativo» en materia de igualdad se recoge en el borrador del la Ley de Empleo Público Vasco, avanzado ayer por Erkoreka. De salir adelante este texto, cuya aprobación está prevista este año, los funcionarios vascos pasarán a tener un mínimo de 16 semanas de licencia cuando tengan un hijo, frente a las cuatro con las que contaban hasta ahora, como el resto de padres. Las madres que trabajan en la Administración pública ya disfrutaban de mejores condiciones de conciliación para la crianza de sus hijos, con un mínimo de 16 semanas de permiso, ampliables a dos más, y un permiso de lactancia de cuatro semanas -en el sector privado son un máximo de dos-. «Está claro que los permisos actuales no logran garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y hay que hacer algo», defendió el portavoz del gabinete Urkullu ante el Parlamento Vasco, un anuncio que llega en pleno debate sobre las políticas de apoyo a las familias y la infancia, uno de los compromisos de legislatura del gabinete Urkullu.
«La medida tiene que ser referencia para que se amplíe al sector privado»
ZASKUN LANDAIDA, DIRECTORA DE EMAKUNDE
«De no extenderse, podría generar aún más desigualdad en conciliación»
NATALIA DÍEZ-CABALLERO, DIRECTORA DE HIRUKIDE
«Es un avance, pero de eficacia limitada porque beneficia solo a un sector»
RITXAR BACETE, HOMBRES POR LA IGUALDAD
El «avance», como no dudaron en calificar todos los agentes consultados por este periódico, se ciñe a los trabajadores del sector público, unas 100.000 personas -aunque se trata de una plantilla envejecida, propiciada por la escasez de oferta de empleo público de los últimos años-, y no beneficia al conjunto de la población trabajadora, que observa cómo se abre la brecha en las condiciones de conciliación entre el sector público y privado. En la evaluación del III Plan vasco de Apoyo a la Familia ya se exponía que los escasos avances logrados en los últimos años se habían limitado al sector público, que «se ha adelantado algo» en materia de conciliación, la asignatura pendiente en la empresa privada. De ahí que el anuncio de ayer haya dejado un sabor agridulce. «Es un paso adelante, pero de eficacia limitada», porque no alcanza al conjunto de los trabajadores, manifestó Ritxar Bacete, del Foro de Hombres por la Igualdad, dentro de la Plataforma por Permisos Igualitarios e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (Ppiina), un colectivo creado en 2005 que agrupa a más de 150 organizaciones y personas con un objetivo único: conseguir la reforma en España del sistema de permisos de maternidad y paternidad de manera que estos sean iguales, intransferibles y pagados al 100% para cualquier persona progenitora, como ahora Euskadi garantizará para el personal funcionario.
«Lo primero que hay que resaltar es que es muy importante que un gobierno entienda que la igualdad no es un gasto sino una inversión. Pero la verdadera revolución en el mercado laboral no llegará si no se implica la empresa privada. Es una medida beneficiosa, pero que se circunscribe al ámbito privilegiado del empleo». Por eso reclamó al Gobierno Vasco «valentía» para «poner encima de la mesa de la negociación con el Gobierno central» esta cuestión. «Tiene capacidad de negociación y de presión», insistió para que se materialice el verdadero cambio.
El diagnóstico de la Asociación de Familias Numerosas de Euskadi, Hirukide, fue similar. Por un lado, aplaudieron la propuesta del Gobierno Vasco, pero al mismo tiempo consideraron necesario que se extienda al conjunto de empleados públicos, más allá de los dependientes del Gobierno Vasco, y a la empresa privada, «donde está el grueso de la población activa en Euskadi». De no avanzar en esas condiciones, «podría verse como un privilegio o discriminación positiva hacia estos empleados públicos frente al resto, generándose aún más desigualdad en materia de conciliación». Por eso Hirukide apeló a que las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral se incluyan en la negociación colectiva y se incentiven con medidas fiscales concretas.
«Necesidad real»
«Más que como una brecha entre los trabajadores del sector público y del sector privado, la medida tiene que ser interpretada como una referencia para que se amplíe a las empresas», opinó la directora de Emakunde, Izaskun Landaida, que recordó que la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad es una «reivindicación histórica» de los colectivos por la igualdad.
«Contar con permisos de la misma duración, intransferibles y remunerados al 100% es una herramienta que puede contribuir a la necesaria transformación y al cambio de valores». Landaida apeló a la responsabilidad de la Administración central para que en la empresa privada «se llegue al mismo punto, el verdadero reto». «Como sociedad hay una necesidad real de poder compatibilizar trabajo y familia», enfatizó.
El Pacto Vasco por la Familia y la Infancia, la hoja de ruta aprobada recientemente por las principales instituciones, ve «imprescindible» avanzar hacia la corresponsabilidad como requisito indispensable para fomentar la natalidad.
