{"id":40724,"date":"2019-02-27T00:00:00","date_gmt":"2019-02-27T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/hirukide.com\/las-familias-numerosas-afectadas-por-desahucios-podran-pedir-informes-sociales-para-frenarlos\/"},"modified":"2019-02-27T00:00:00","modified_gmt":"2019-02-27T00:00:00","slug":"las-familias-numerosas-afectadas-por-desahucios-podran-pedir-informes-sociales-para-frenarlos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hirukide.com\/eu\/las-familias-numerosas-afectadas-por-desahucios-podran-pedir-informes-sociales-para-frenarlos\/","title":{"rendered":"Las familias numerosas afectadas por desahucios podr\u00e1n pedir informes sociales para frenarlos"},"content":{"rendered":"<p><strong>La medida, recogida en el nuevo convenio del Gobierno vasco con el Poder Judicial, incluye a familias numerosas, monoparentales, en paro, mayores de 60 a\u00f1os o maltratadas.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Se trata de la primera autonom\u00eda que recoge en un convenio la obligaci\u00f3n del juez de avisar a Servicios Sociales.<\/strong><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>EL CORREO. El Gobierno vasco dio ayer su visto bueno al primer convenio auton\u00f3mico de colaboraci\u00f3n con el Consejo General del Poder Judicial en Espa\u00f1a, y en este caso la Asociaci\u00f3n de Municipios vascos Eudel, que incluye la obligatoriedad de los magistrados de alertar a los servicios sociales de base ante posibles casos de familias en riesgo de exclusi\u00f3n amenazadas por un desahucio para que realicen un an\u00e1lisis exhaustivo de su situaci\u00f3n. Seg\u00fan desvel\u00f3 el consejero de Vivienda, I\u00f1aki Arriola, los abogados de las personas afectadas tambi\u00e9n tendr\u00e1n la facultad de solicitar este procedimiento especial. En ambos casos el resultado ser\u00e1 el mismo: la tramitaci\u00f3n de estos expedientes de desalojo por impago, ya sea de pr\u00e9stamos hipotecarios o del alquiler, se paralizar\u00e1 temporalmente, al menos un mes, para asegurar que nadie \u00aben situaci\u00f3n vulnerable se quede en la calle sin ning\u00fan amparo\u00bb. Y si se confirma que hay un peligro real, se tratar\u00e1 de buscar alternativas de alojamiento, bien con ayudas econ\u00f3micas o pisos municipales o del propio Ejecutivo.<\/p>\n<p>El responsable socialista remarc\u00f3 que el documento, \u00abque entrar\u00e1 en vigor en cuanto lo firmemos todas las partes\u00bb, es muy exhaustivo y marca al detalle el protocolo a seguir. En ese sentido, empieza por concretar los supuestos que el propio Ejecutivo considera de \u00abespecial vulnerabilidad\u00bb: familias numerosas y monoparentales, con menores de edad y personas discapacitadas, dependientes o con enfermos permanentes. Tambi\u00e9n se incluyen a deudores en situaci\u00f3n de desempleo y n\u00facleos convivenciales que tengan alguna v\u00edctima de la violencia de g\u00e9nero o mayores de 60 a\u00f1os.<\/p>\n<p>El siguiente paso es el que implica a los jueces para garantizar una intervenci\u00f3n preventiva. En ese sentido el convenio \u2013adem\u00e1s de ser el primero en Espa\u00f1a que recoge la obligaci\u00f3n ya incorporada el pasado junio a la Ley de Enjuiciamiento Civil de que los magistrados deben comunicar un caso vulnerabilidad a los servicios sociales del municipio donde resida la familia\u2013, incluye otra novedad que busca agilizar el proceso: la viceconsejer\u00eda de Vivienda elaborar\u00e1 un registro inform\u00e1tico que permitir\u00e1 a las instancias implicadas (judiciales, municipales y auton\u00f3micas) compartir en tiempo real toda la informaci\u00f3n a su alcance.<\/p>\n<p>De este modo, al detectar un caso se abrir\u00e1 un expediente que todas las partes podr\u00e1n ir consultando y rellenando con su propia informaci\u00f3n. Esta colaboraci\u00f3n permitir\u00e1 realizar de forma coordinada propuestas de intervenci\u00f3n \u00abo declinarlas si se valora que no encaja en los supuestos previstos o ya ha sido respondida con los medios de que se dispone\u00bb.<\/p>\n<p>Arriola destac\u00f3 que la implicaci\u00f3n el Ejecutivo aut\u00f3nomo es \u00abtotal\u00bb y a\u00fana los esfuerzos de tres departamentos. El de Empleo y Pol\u00edticas Sociales remitir\u00e1 al Consejo General del Poder Judicial y a los juzgados vascos \u00abtoda la informaci\u00f3n sobre la estructura, organizaci\u00f3n y recursos de los servicios sociales\u00bb. Trabajo y Justicia, por su parte, asumir\u00e1 la formaci\u00f3n y difusi\u00f3n del convenio y fomentar\u00e1 la participaci\u00f3n de colegios de abogados y procuradores. Finalmente, Medio Ambiente, Planificaci\u00f3n Territorial y Vivienda, adem\u00e1s de confeccionar la plataforma inform\u00e1tica para compartir los expedientes de las familias afectadas, se compromete a ceder al menos 60 pisos para garantizar los realojos cuando sea necesario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La medida, recogida en el nuevo convenio del Gobierno vasco con el Poder Judicial, incluye a familias numerosas, monoparentales, en paro, mayores de 60 a\u00f1os o maltratadas. Se trata de la primera autonom\u00eda que recoge en un convenio la obligaci\u00f3n del juez de avisar a Servicios Sociales. \u00a0 EL CORREO. 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