Políticas públicas de apoyo a las familias en Europa y en la CAPV
Los países europeos con políticas de apoyo a las familias más avanzadas confieren una mayor importancia estructural a la familia en sus organizaciones de gobierno. De esta forma, los modelos organizativos gubernamentales más avanzados en la gestión de políticas de apoyo a las familias combinan, en su mayoría, dos elementos: un ministerio con competencias específicas en familia, y por otro, una agencia u organismo encargado de coordinar y transversalizar las políticas familiares, siendo Francia o Suecia referentes en este campo.
Buenas prácticas en materia organizativa son los casos de Francia (con un grupo de trabajo específico con competencias transversales y capacidad de monitorización), Suecia (con una oficina de coordinación que depende directamente de la Oficina del Primer Ministro y en la que están representados los principales partidos políticos para diseñar políticas consensuadas que se mantengan en el tiempo) o Bélgica (también con una comisión temática interministerial).
En cuanto al gasto público (tabla 1), la realidad europea es extremadamente desigual y con muchas diferencias por países (e incluso por regiones), encontrándonos países con un perfil de apoyos más centrados en la infancia (como Irlanda o Luxemburgo), otros con una mayor dedicación a la discapacidad (principalmente países nórdicos como Noruega, Finlandia y Dinamarca) y un tercer grupo más dedicado a las personas mayores (por ejemplo, Italia, Francia y Austria).
En el caso de la CAPV, encontramos un sistema de apoyo a las familias que ha crecido, (partiendo de bases de gasto público muy reducidas), si bien mantiene un perfil poco proporcionado, principalmente centrado en el apoyo a las personas mayores y con poca presencia del apoyo a la infancia (tabla 2).
Respecto a la infancia
En materia de infancia, los recursos en la CAPV son mucho menores y están muy alejados de los estándares medios de la Unión Europea (tabla 3). La principal razón es la inexistencia de un modelo universal de compensación de costes mediante transferencias económicas continuadas a las familias, como sucede en la mayor parte de los países del entorno, ya que la CAPV centra sus apoyos económicos, fundamentalmente, en la fiscalidad (a diferencia de los países centroeuropeos y nórdicos).
Este es quizás el elemento que genera más distancia entre el sistema vasco de apoyo a las familias y el de otros países europeos, ya que gran parte de los países europeos (Bélgica, Alemania, Dinamarca, Noruega, Francia, Austria, Finlandia, Luxemburgo, Suecia, etc.) mantienen transferencias periódicas y universales a familias por un importe medio de entre 100 y 150 € mensuales al menos hasta los 18 años (en muchos casos complementados por deducciones fiscales en renta relativas a la estructura familiar y a los cuidados derivados de la atención a familiares).
Varios países europeos mantienen
transferencias periódicas y universales
a familias de 100-150 € al mes hasta los 18 años
Respecto a los permisos de maternidad y paternidad, en Europa el permiso de maternidad es muy similar al estatal y al vasco, siendo de carácter universal, remunerado al 100% y con una duración de entre 15 y 18 semanas, por lo general. En cuanto al permiso de paternidad medio es de entre 10 y 14 días, con salario también remunerado al 100%, si bien no todos los países lo contemplan aún. En todo caso, que la CAPV se sitúe en la media europea en estos casos no impide que los tiempos asignados generen controversia, ya que las familias europeas reclaman un incremento de la duración de los mismos por lo menos hasta de un mínimo de 24 semanas, para el permiso de maternidad, teniendo como referencia los países nórdicos como Suecia, Noruega o Finlandia, donde es aún mucho mayor y además fomenta la corresponsabilidad, con amplios permisos de paternidad, intransferibles y remunerados.
El permiso de patermidad medio
es de entre 10 y 14 días, con salario
también remunerado al 100%
Principales diferencias
El diferencial de la CAPV con Europa en lo que se refiere a las políticas familiares y de apoyo a la infancia se debe no tanto a que en la CAPV se gaste menos en protección social (que también), sino a que el gasto en protección social que se realiza en Euskadi está mucho menos orientado que en los demás países de la UE15 a la protección de las familias con hijos/a a cargo.
Una segunda característica de estas políticas en la CAPV, desde el punto de vista del gasto, es el peso que en ellas tienen los gastos derivados de las desgravaciones fiscales. El principal inconveniente del excesivo peso fiscal en el conjunto del gasto en las políticas de apoyo a las familias, radica en el hecho de que las familias con menos ingresos se benefician en menor medida de estas deducciones y desgravaciones, dado que en muchos casos su deuda con Hacienda es inferior a las deducciones a las que teóricamente tendrían derecho. Ello hace que estas familias no se beneficien, o lo hagan sólo parcialmente, de unas deducciones por descendientes de las que las rentas medias-altas se benefician íntegramente. No obstante, estas deducciones son bastante reducidas y la situación de las familias vascas de rentas medias es, en relación a las familias europeas con la misma composición y el mismo nivel de renta, muy deficitaria, en la medida en que tienen acceso a un nivel de ayudas mucho menor. Si bien, sus niveles impositivos también son menores a los de la mayoría de países europeos.
Frente a ello, las familias con acceso a la RGI –incluso cuando ocupan un empleo− reciben un nivel de protección mucho mayor, homologable al que se recibe en otros países de Europa. Este mejor tratamiento se deriva en cualquier caso del acceso al sistema de rentas mínimas y no de la percepción de prestaciones familiares, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los países de Europa.
Siguiendo los pasos de algunos de los países europeos con políticas de apoyo a las familias más avanzadas, la CAPV ha comenzado a incorporar de forma muy reciente y reducida la perspectiva familiar en sus políticas públicas. Sin embargo, lo ha hecho disponiendo de escasos recursos para su desarrollo y presentando aún problemas de liderazgo en la coordinación de las políticas de alto impacto en las familias.
Ámbitos de mejora
El conjunto de administraciones públicas vascas y en especial el Gobierno Vasco, tienen grandes retos por delante en este ámbito, que partiría de una mejora en la organización institucional en torno a las políticas de apoyo a las familias. Junto a ello, es necesario desarrollar el marco jurídico para la implementación de los objetivos sentados en la Ley de Apoyo a las Familias, dotándolo de un presupuesto acorde.
Para todo ello, es imprescindible reforzar la inversión pública en la familia, en especial para la compensación de costes de las familias con hijos e hijas y en concreto para fomentar la conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Por último es necesario potenciar medidas de ámbito sectorial con alto impacto en las familias y apoyar a familias en situación de vulnerabilidad.